Ahora resulta que en Colombia no hay carteles de droga, sino “narco guerrillas”; no hay narcotraficantes, sino guerrilleros. Resulta que tampoco nunca existieron los escuadrones de la muerte, sino las FARC.  Eso es lo que cualquier ser humano que lea un periódico, vea televisión o escuche radio, va a creer hoy en día.  Sobre todo si vive en los Estados Unidos, ve Univisión y Telemundo, lee la mayoría de los periódicos en español, impresos y de Internet de este país, o sabe inglés y no se pierde los programas de la cadena FOX. Pero la verdad es totalmente diferente y esta ante los ojos de los que, antes de escribir o hablar, no se preocupan un poco en edificarse, o por lo menos enterarse a qué se van a referir.
Con la técnica de la repetición, esas mentiras han venido a convertirse en verdades, y la gente y algunos medios inocentemente la repiten como si fuesen verdades de Perogrullo, cuando en realidad son tan falsas como una montaña de humo.
El narcotráfico en Colombia fue y sigue siendo el patrimonio de los carteles de droga, y la capacidad de violencia de estos estuvo siempre en manos de ellos mismos y de los grupos paramilitares, de uno los cuales el padre del actual presidente Álvaro Uribe, se dice que fue mentor.  El padre de Uribe, Alberto Uribe Sierra, murió en un enfrentamiento entre guerrilleros de las FARCs y grupos paramilitares en una finca suya en 1983.  El propio Uribe, quien fue senador, alcalde de Medellín y gobernador del departamento de Antioquia, ubicada en noroeste del país, estaba en una lista del reporte de inteligencia del departamento de defensa de los Estados Unidos de 1991, como uno de los personajes importantes de la sociedad colombiana ligado a los grupos paramilitares y el narcotráfico.  Esta lista fue publicada en la revista NewsWeek en su edición de Agosto del 2004 en un artículo sobre los documentos de inteligencia desclasificados.  El reporte dice lo siguiente:  “Álvaro Uribe Vélez, es un senador y político colombiano dedicado a colaborar con el cartel de Medellín en los altos niveles del gobierno.  Uribe fue vinculado a negocios que envuelven actividades de tráfico de narcóticos hacia los Estados Unidos.  Uribe ha trabajado con el Cartel de Medellín y es un cercano amigo personal de Pablo Escobar Gaviria”.
(“Álvaro Uribe Velez--a Colombian politician and senator dedicated to collaboration with the Medellin cartel at high government levels. Uribe was linked to a business involved in narcotics activities in the U.S.... Uribe has worked for the Medellin cartel and is a close personal friend of Pablo Escobar Gaviria”).
Desde que Uribe asumió el poder en el 2002 se ocupó de llevar el plan de eliminar a las FARCs, para lo cual contaba con buenos ingredientes, pues esta guerrilla venía incrementado sus actos violentos contra la población civil en todo el país, con asesinatos de empresarios que ellos entendían que financiaban a los grupos paramilitares y secuestros a personajes políticos con el fin de intercambiarlos por guerrilleros que habían sido capturados por el ejército.  Los crímenes de las FARC sonaban mucho más que los de los para militares, por muchas razones.  Primero porque se hacían en contra de personas económicamente influyentes o altos jefes militares, segundo porque secuestraban a personas públicamente famosas, como la candidata a Presidente Ingrid Betancourt, y tercero porque las FARCs es un grupo que se dice de izquierda, lo que de por si la convierte en el blanco de la oligarquía, los sectores empresariales, y del socio mayor, Estados Unidos.
Los grandes ganadores de esta campaña que acusa a las FARCs de todo lo que ha pasado y pasa en Colombia son los carteles de la droga y los ya retirados grupos paramilitares.  Los primeros pasaron del estrellato al anonimato y solo se mencionan de vez en cuando si se produce un pedido de extradición por parte de la justicia norteamericana; los segundos, porque todos sus crímenes fueron adjudicados a las FARCs dejándolos a ellos completamente libres de culpa, limpios como para entrar al paraíso.
Otra de las cosas importantes que Uribe se encargó de hacer desde que llegó al poder fue, desmovilizar a los grupos paramilitares, algo para lo cual tenía todo el terreno allanado por varias razones; la primera fue que esos grupos le respaldaron en la campaña electoral del 2002 y esperaban de él la amnistía a todos sus crímenes, esto fue denunciado por grupos de defensa de los derechos humanos y confirmado por los propios jefes paramilitares; La segunda razón fue, que Estados Unidos le apoyaría en un 100 por ciento en sus planes, debido a que los mismos dejarían a solas a las FARC convirtiéndolas en el blanco de la lucha contra el terrorismo; y la tercera, que la población lo vería como un importante esfuerzo en pacificar al país.
Al desmovilizar a los paramilitares, Uribe se ocupó de extraditar a todos aquellos individuos que pudieran implicarlo a él y los líderes de su partido de vínculos con esos grupos y el narcotráfico.
En el proceso de desmovilización los familiares de los miles de víctimas de los comandos de la muerte protestaron por la amnistía que implicaba este a los crímenes cometidos por esos grupos. 
Los grupos paramilitares masacraron poblaciones enteras y todavía hay decenas de pruebas gráficas de ello.  Incluso hay un video donde se muestra a los paramilitares cortándole los brazos y las piernas a un grupo de jóvenes colombianos para que no se unieran a las guerrillas de las FARCs. 
Algunos de estos criminales fueron procesados y tímidamente condenados, otros sencillamente se fugaron a otros países y nadie supo mas de ellos, y los cabecillas, los responsables de las masacres, la mayoría de las cuales se llevaban a cabo por encargo de los carteles de la droga, fueron extraditados a los Estados Unidos.
En un reportaje publicado por el diario The Washington Post del pasado 18 de diciembre del 2009, realizado por la periodista Diana Carolina Durán, se cuenta de cómo estos fueron sacados de Colombia para evitar que dieran informaciones que comprometían seriamente al presidente Uribe y a importantes corporaciones norteamericanas, en graves crímenes cometidos contra poblaciones campesinas.  Entre esas empresas se encuentra Chiquita Brands, la gigante productora de bananas, que en el 2007 fue condenada a pagar 25 millones de dólares de multa cuando se sacaron a la luz sus aportes financieros a los paramilitares que asesinaron a decenas de campesinos por realizar actividades sindicales en la empresa.
Unos 17 cabecillas de los ahora “desmovilizados”, fueron traídos a Estados Unidos entre 2008 y 2009 para ser juzgados por el delito de tráfico de drogas, pero no sobre sus crímenes en Colombia.
Salvatore Mancuso, uno de estos dirigentes, reveló en sus audiencias en la corte de Texas, los vínculos de sus grupos con legisladores colombianos y el apoyo de estos (los paramilitares) al presidente Uribe en las elecciones del 2002.
Ninguna de estas verdades se dicen y el crimen y el tráfico de drogas siguen impune su curso en Colombia, gracias a que al mundo se le ha hecho creer que las FARCs son las absolutas dueñas del crimen organizado en ese país.