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En la década de los ochenta, a un año de la caída del Cha (Rey) Irán, Mohamed Reza Palevi y a meses de que las milicias iraníes secuestraran a la embajada norteamericana en Teherán, funcionarios del gobierno del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, organizaron una operación de venta de armas a Irán para financiar a la “Contra nicaragüense”, la guerrilla de derecha formada por la CIA que se oponía al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el partido en el poder.

En 1979 en movimiento guerrillero Frente Sandinista de Liberación Nacional había logrado derrotar la dictadura de Anastasio Somoza.  Lo conoció como la revolución la “revolución sandinista”.

Estados Unidos había estado apoyando la dictadura de Somoza y calificó al gobierno sandinista como otra Cuba.

Un año antes en Irán, se había producido un hecho simililar.  El líder político religioso el Ayatollah Ruhollah Komenei, desde el exilio en Francia dirigió una revolución contra la monarquía del Cha, quien gozaba de todo el apoyo de Estados Unidos. Ese hecho se conoció como la “revolución islámica”.

Desde el inicio de la revuelta las milicias ocuparon la embajada norteamericana y tomaron como rehenes al personal diplomático
El Congreso estadounidense había prohibido a organizaciones gubernamentales financiar las actividades de la “contra” nicaragüense. Pero funcionarios del gobierno de Reagan, incluyendo al coronel North, recurrieron al Consejo Nacional de Seguridad (NSC, por sus siglas en inglés), que no se mencionaba explícitamente en la ley elaborada por el Congreso, para recaudar fondos para la guerrilla.

Para ello acordaron tras cortinas con Irán proveerle armas a cambio de dinero y la liberación de los rehenes.

Los integrantes del NSC también participaron en el envío ilegal de armas a Irán. En ese momento existía un embargo comercial impuesto por EE.UU. El escándalo se descubrió en 1986 cuando periódicos libaneses revelaron la operación de venta de armas. 
Se inició una investigación que determinó que Ronald Reagan y George Bush, quien era vicepresidente, estaban al tanto de lo ocurrido y lo encubrieron de alguna manera. Pero nunca pudo establecerse su grado de responsabilidad. McFarlane, North y Poindexter fueron condenados. Pero los dos últimos consiguieron un acuerdo de inmunidad por su testimonio. 
El caso Irán-Contras generó dudas acerca del papel fiscalizador del Congreso en la política exterior del país y de los límites del poder Ejecutivo.  


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