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Errores fatales y errores radicales

 

La muerte del inmigrante congoleño, Patrick Lyoya, el pasado 4 de abril y las consecuencias sociales del mismo, evocan la necesidad de cambios sustanciales, tanto en el Departamento de policía de Grand Rapids, como en la clase de respuesta que ciertos grupos sociales quieren dar a los excesos policiales.

En primer lugar, y para comenzar con la policía, para nadie es un secreto que subsiste un solapado sentimiento racista en algunos agentes policiales, y que el sindicato de policías parece andar de la mano con los sectores más conservadores, caracterizados por repudiar los reclamos sociales y en ellos, a los grupos que los reclaman. Para muestra de racismo es suficiente mencionar el caso de Jilmar Ramos ocurrido en el 2018, en el que un teniente de la policía, a sabiendas de que el detenido es ciudadano y veterano de guerra, lo envió al departamento de inmigración para fines de deportación.

Ese oficial, llamado Curt Vanderkooi, sigue activo en la uniformada y no hay porqué dudar que su mente malsana influya negativamente en los nuevos agentes que se incorporan a la institución.

Algunos agentes de policía de Grand Rapids parecen haber sido entrenados más para soldados que lidian con combatientes y prisioneros de guerra, que para agentes del orden que van a interactuar con ciudadanos provistos de todos los derechos constitucionales.

Muchos agentes de policía hablan de manera grosera a intimidante a los ciudadanos, lo que los convierte en objeto de temor más que de seguridad.  Cuando un ciudadano es abordado por un oficial debe sentirse protegido, no amenazado.  La presencia de la policía debe proyectar confianza, no inseguridad. La orden de detenerse de un agente es aceptada con respeto por el ciudadano cuando es hecha con respeto por el policía.

En el caso de Patrick hay muchas interrogantes que ponen a relieve esta enfermedad de la que sufre el sistema policial y sus “protocolos” a todo lo largo de la nación.

El agente que mató de un disparo en la cabeza a Patrick Lyoya, alega que detuvo al conductor porque su placa no coincidía con la descripción del auto.  Para saberlo, el oficial tenía que haber buscado el número de placa en su computadora de la patrulla. ¿Qué de raro tenía el auto de Patrick para ser objeto de esta revisión? ¿Qué el conductor era negro?

Todo el que vio el video del incidente se pregunta ¿Había que matar a modo de ejecución a un conductor que se resiste al arresto y se enfrenta con la policía?

Patrick Lyoya, al igual que muchos individuos de los grupos sociales pobres de Estados Unidos, tenía récord policial, pero eso, a menos que el oficial temiera realmente por su vida, no justifica de ninguna manera haberle disparado en la cabeza cuando se encontraba de espalda en el suelo.

Por el otro lado, los grupos sociales que reclamaban en principio la publicación de los videos relativos al incidente y que hoy piden que se divulgue el nombre del agente, parecen no tomar en cuentas las consecuencias de sus reclamos y al tiempo promueven una respuesta al incidente que nada tiene de civilizada y ciudadana.

La marcha realizada por ellos el sábado 9 de abril, que se inició en la avenida Kalamazoo y terminó en la avenida Madison, estaba encabezada por el comisionado Roberts Womack, a cuyo lado, marcharon unas tres personas armadas con fusiles como si fueran a enfrentarse a los agentes policiales.  La incitación a la violencia genera respuestas violentas. Afortunadamente, la policía se mantuvo discretamente alejada de la multitud, casi de manera secreta.

En la conferencia de prensa en la que el jefe de policía, Eric Winstrom, presentó los videos del incidente, hubo quien preguntó si él renunciaría al cargo, algo que no hace ningún sentido tomando en cuenta Winstrom no tenía un mes en cargo cuando ocurrieron los hechos. 

El reclamo de divulgar el nombre del agente que disparó a Patrick, parece más un llamado al linchamiento del que fueron víctimas tantos afroamericanos, que a un reclamo de justicia en la sociedad civilizada.

La policía de Grand Rapids, como la de la mayoría de los departamentos de policía de Estados Unidos, necesita cambios sustanciales, en su conceptualización del trato con los ciudadanos, así como en sus llamado protocolos, y una depuración profunda en su personal que expele las malas sañas de agentes contaminados de racismo.

Los líderes sociales, tienen que entender que la lucha contra los abusos y el racismo, no es una lucha armada ni una guerra de guerrillas, sino un reclamo para el cambio necesario que este país sin dudas va a respaldar.


EVH Impresa

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