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NUEVA YORK (AP) — La junta directiva de Human Rights Campaign, la organización de derechos LGBTQ más grande de Estados Unidos, despidió a su presidente Alphonso David debido a hechos relacionados con el caso de acoso sexual que forzó la renuncia de Andrew Cuomo como gobernador de Nueva York.

Los copresidentes de la junta de HRC, Morgan Cox y Jodie Patterson, dijeron en un comunicado el lunes que la junta resolvió despedir a David al finalizar una investigación sobre acciones suyas relacionadas con las denuncias contra Cuomo.

Cox y Patterson citaron el informe sobre Cuomo emitido el 3 de agosto por la secretaria de Justicia de Nueva York, Letitia James, según el cual el exgobernador acosó sexualmente a 11 mujeres. Cuomo ha rechazado las denuncias más graves.

Los copresidentes dijeron que, según se desprende del informe, David “realizó una serie de actividades en diciembre de 2020, cuando era presidente de HRC”, que consistieron en ayudar al gobierno de Cuomo a responder a las denuncias de acoso sexual presentadas por la primera acusadora, Lindsey Boylan.

Esta conducta violó las normas de HRC relativas al conflicto de intereses y “provocaron un daño a la reputación del señor David en grado suficiente para reducir su capacidad de servir como la cara pública y la voz de HRC”, dijeron los copresidentes.

Mencionaron “cientos de llamadas, correos electrónicos y otras comunicaciones negativas” del personal de HRC, voluntarios, socios empresarios y políticos que expresaron preocupación por la conducta de David “y su incompatibilidad con los valores y la misión de HRC”.

David dijo en un comunicado publicado en Twitter que HRC se negó a proporcionarle una copia del informe de la investigación sobre él. Acusó a la junta de actuar de manera injusta y amenazó con tomar medidas legales.

“Cuando pedí verdad y transparencia, los copresidentes de la junta de HRC, que deberían representar los derechos humanos, optaron por ocultarse en la oscuridad”, dijo David. “Me enviaron injustamente un aviso de despido para poner fin a mi lucha por la integridad del proceso de revisión y por lo que es justo”.

“Como hombre negro y gay que ha dedicado su vida a luchar por los derechos civiles y humanos, no pueden hacerme callar”, añadió. “Esperen una apelación legal”.

WASHINGTON (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos señaló el lunes que no tolerará actos de violencia contra cualquier persona que trate de someterse a un procedimiento de interrupción del embarazo en Texas, al tiempo que los funcionarios federales exploran las opciones para impugnar una nueva ley estatal que prohíbe la mayoría de los abortos.

El secretario de Justicia Merrick Garland dijo que el departamento “protegería a aquellos que busquen obtener o proporcionar servicios de salud reproductiva” en virtud de una ley federal para el libre acceso a las clínicas.

Garland afirmó en un comunicado que los fiscales federales siguen explorando con urgencia las opciones para impugnar la ley de Texas. Agregó que el Departamento de Justicia implementaría la ley federal “para proteger los derechos constitucionales de las mujeres y otras personas, incluido el acceso al aborto”.

La ley federal prohíbe obstruir físicamente o utilizar la amenaza de la fuerza de intimidar o interferir con una persona que busca servicios de salud reproductiva. La ley también prohíbe dañar la propiedad en las clínicas de aborto y otros centros de salud reproductiva.

La nueva ley de Texas prohíbe que se realicen abortos una vez que los médicos detecten el latido cardíaco fetal, lo que usualmente ocurre a las seis semanas de gestación, antes de que muchas mujeres se hayan percatado de que están embarazadas. Los tribunales han impedido que otros estados impongan restricciones similares, pero la ley de Texas es diferente porque deja la aplicación en manos de los ciudadanos a través de demandas en lugar de recurrir a los fiscales penales.

Los funcionarios del Departamento de Justicia también han estado en contacto con los fiscales federales de Texas y con las oficinas de campo del FBI en el estado para discutir la implementación de las disposiciones federales.

“El departamento brindará apoyo de las autoridades federales cuando una clínica de aborto o un centro de salud reproductiva esté bajo ataque”, comentó Garland. “No toleraremos la violencia contra aquellos que busquen obtener o prestar servicios de salud reproductiva, ni la obstrucción física o daños a la propiedad que violen” la ley federal.

DENVER (AP) — Un jurado investigador acusó a tres policías y dos paramédicos por la muerte de Elijah McClain, un hombre afroamericano al que se le aplicó una llave asfixiante y le inyectaron un sedante poderoso hace dos años en un suburbio de Denver, informó el miércoles el fiscal general de Colorado.

La muerte del joven de 23 años llamó la atención durante las protestas del año pasado contra la injusticia racial y la brutalidad policial tras el homicidio de George Floyd, también afroamericano, en Minneapolis luego de ser detenido por varios agentes.

Las palabras con las que McClain suplicaba por su vida y que quedaron registradas en un video de la cámara corporal de la policía —“simplemente soy diferente”— han sido reproducidas en carteles durante protestas y han sido pronunciadas por celebridades que se han unido a quienes pedían el enjuiciamiento de los policías que confrontaron a McClain mientras caminaba por la calle en la ciudad de Aurora, después de que una persona llamó al teléfono de emergencias para reportar que parecía sospechoso.

Las historias sobre McClain, un terapeuta de masajes que su familia y amigos han descrito como una persona introvertida y amable, llenaron las redes sociales, incluida la forma en que él se ofreció como voluntario para tocar violín y consolar a los gatos en un refugio de animales.

El procurador Phil Weiser precisó que los cinco policías y paramédicos fueron acusados de homicidio por negligencia criminal y diversos cargos más.

El gobernador de Colorado, el demócrata Jared Polis, enfrentando presiones durante protestas a nivel nacional el año pasado, ordenó a Weiser que abriera una nueva investigación criminal. Un fiscal de distrito había dicho en 2019 que no podía acusar a los agentes porque una autopsia no pudo determinar cómo murió McClain.

Weiser anunció en enero que había abierto una investigación de un jurado investigador y señaló que sus miembros tenían el poder de obligar a las personas a declarar y documentos que de otro modo no estarían disponibles.

WASHINGTON (AP) — Una Corte Suprema profundamente dividida permitió el jueves que una ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos siga en vigor, despojando a muchas mujeres de su derecho a interrumpir el embarazo en el segundo estado más grande del país.

En una votación en la madrugada del jueves, el alto tribunal rechazó por 5 votos contra 4 una apelación de emergencia presentada por profesionales y otros para frenar la aplicación de la norma que entró en vigor el miércoles. Pero los magistrados sugirieron que es posible que esta orden no sea la última palabra sobre la ley ya que pueden presentarse otros recursos.

La ley de Texas, firmada por el gobernador republicano Greg Abbott en mayo, prohíbe interrumpir el embarazo una vez que los profesionales de la salud detecten actividad cardíaca, algo que suele ocurrir alrededor de las seis semanas y antes de que la mayoría de las mujeres sepan que están embarazadas.

Esta es la ley más estricta contra el derecho al aborto en Estados Unidos desde la histórica decisión del tribunal en el caso Roe vs Wade en 1973 y forma parte de un impulso más amplio de los republicanos para restringir la interrupción del embarazo en todo el país. Al menos 12 estados más han introducido prohibiciones al respecto, pero todas han sido bloqueadas.

La decisión del alto tribunal sobre Texas se produjo poco después de la medianoche del miércoles. La mayoría dijo que quienes presentaron el caso no habían cumplido la enorme cantidad de requisitos necesarios para suspender la ley.

“Al llegar a esta conclusión, subrayamos que no pretendemos resolver definitivamente ninguna reclamación jurisdiccional o sustantiva en la causa de los demandantes. En particular, esta orden no se basa en ninguna conclusión sobre la constitucionalidad de la ley de Texas, y no limita de ningún modo otras impugnaciones adecuadas procesalmente a la ley de Texas, incluyendo en las cortes estatales del estado de Texas”, dijo el tribunal en un fallo sin firmar.

El presidente de la corte, John Roberts, y los otros tres jueces liberales del organismo, Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, emitieron comunicados por separado para expresar su desacuerdo con la mayoría.

Roberts destacó que, aunque se rechazó la medida de emergencia, “el fallo de la Corte es enfático en dejar claro que no puede ser entendido como el sostenimiento de la constitucionalidad de la ley en cuestión”.

El resultado de la votación puso de manifiesto el impacto de la muerte de la jueza liberal Ruth Bader Ginsburg el año pasado y de la decisión del entonces presidente, Donald Trump, de sustituirla por la conservadora Amy Coney Barrett. Si Ginsburg hubiese formado parte del tribunal, la suspensión de la ley habría recibido cinco votos.

Por su parte, Sotomayor calificó de “sorprendente” la decisión de sus colegas conservadores.

“Ante una solicitud de prohibición de una ley flagrantemente inconstitucional diseñada para prohibir que las mujeres ejerzan sus derechos constitucionales y evadir el escrutinio judicial, una mayoría de jueves ha optado por enterrar sus cabezas en la arena”, escribió.

Los legisladores de Texas redactaron la ley para evadir la revisión de la corte federal al permitir que sean los ciudadanos a título personal quienes presenten demandas civiles ante la corte estatal contra cualquier persona implicada en un aborto, que no sea el paciente. En otras leyes contra el aborto son los funcionarios estatales y locales quienes velan por su cumplimiento, con posibles sanciones penales.

En el caso de Texas, una persona podría denunciar a quien practique un aborto o a cualquiera que lo facilite, por ejemplo, llevando a una mujer a una clínica para someterse al procedimiento. De acuerdo con la ley, cualquiera que demande con éxito a otra persona tendrá derecho a recibir al menos 10.000 dólares.

Después de que una corte de apelaciones estatal se negó a revisar el texto antes de su aplicación, los contrarios a la medida solicitaron la revisión de la Corte Suprema.

En un comunicado tras la decisión, Nancy Northup, directora del Centro de Derechos Reproductivos, que representa a los profesionales señalados por la ley, prometió “seguir luchando contra esta prohibición hasta que se restablezca el acceso al aborto en Texas”.

El miércoles entró en vigor una ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos, aunque la Corte Suprema no ha respondido a un pedido de dejarla en pausa.

De ser ratificada, la ley sería la restricción más severa a la terminación de embarazos desde que la Corte Suprema determinó en 1973 que el aborto es legal a nivel federal.

La ley, aprobada en mayo por el gobernador republicano Greg Abbott, prohibiría los abortos tan pronto se detecte el latido cardíaco fetal, lo que usualmente ocurre a las seis semanas de gestación, un lapso durante el cual, en la mayoría de los casos, una mujer ni siquiera se ha percatado que está embarazada.

Los médicos que han pedido la intervención de la Corte Suprema argumentan que la ley ilegalizaría el 85% de los abortos y causaría el cierre de muchas clínicas. La organización Planned Parenthood es una de muchas que ha cancelado todo procedimiento de interrumpir un embarazo cuando han pasado seis semanas de la concepción del bebé.

Por lo menos otros 12 estados han aprobado leyes que prohíben los abortos de etapas temprana, pero en todos los casos las normas han quedado en suspenso.

Lo que distingue a la ley de Texas es la manera inusual de aplicarla, pues en vez de dejar esa tarea a las autoridades, cualquier ciudadano puede demandar a cualquier individuo o entidad que practique abortos, incluso a la persona que lleve a una mujer a la clínica. Según la ley, quien presenta ese tipo de demanda y gane recibiría por lo menos 10.000 dólares.

Los que redactaron la ley, además, lo hicieron de tal manera que es difícil oponerse a ella en los tribunales, pues no deja claro quién es la parte demandada.

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